En un mundo donde la digitalización ha permeado casi todos los aspectos de nuestra vida profesional y personal, resulta risible y preocupante la excusa ofrecida por el Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana para no permitir la asistencia online a su próxima asamblea. Según su responsable de protección de datos, la privacidad se convierte en una barrera insalvable para un acto tan simple como conectar una cámara y permitir la participación remota de sus colegiados. Esta justificación, aparte de ser un claro acto de evasión, muestra una alarmante incomprensión de la legislación vigente y las herramientas tecnológicas a disposición.
Primero, examinemos el marco legal. La Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) de España, junto con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, establecen normas claras para la protección de datos personales. Sin embargo, estas normativas están diseñadas para proteger información sensible y garantizar que los datos se manejen con seguridad y transparencia, no para obstaculizar el derecho de los colegiados a participar en asambleas.
Es fundamental entender que la protección de datos no es un obstáculo insalvable para la digitalización de las asambleas. La tecnología actual ofrece múltiples soluciones seguras para realizar reuniones online. Las plataformas de videoconferencia, como Zoom, Microsoft Teams o Google Meet, han implementado robustas medidas de seguridad y protección de datos que cumplen con las normativas europeas. Estas herramientas permiten la autenticación de usuarios, encriptación de datos y control de accesos, garantizando que solo los colegiados autorizados participen en la asamblea.
La excusa presentada por el Colegio de Detectives no solo es absurda, sino que roza el ridículo. Al no facilitar el acceso online, el colegio está negando el derecho fundamental de sus miembros a participar activamente en los procesos de decisión, especialmente aquellos que, por razones geográficas, no pueden asistir físicamente. En un contexto donde tres de los pocos colegios profesionales de detectives en España (Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia) llevan años prometiendo la constitución de un Consejo de Colegios sin materializarlo, esta negativa se percibe como una burla a los colegiados.
Además, el argumento de la protección de datos como excusa para evitar la asistencia online carece de base lógica y legal. Las leyes están para proteger derechos, no para restringirlos de manera arbitraria. La transparencia y la participación activa de los colegiados son pilares fundamentales de cualquier colegio profesional, y negarse a adoptar herramientas digitales que faciliten esto, en pleno siglo XXI, es un acto de obstrucción inaceptable.
En conclusión, el Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana necesita urgentemente revisar su postura y adoptar una perspectiva más acorde con los tiempos actuales. Facilitar la participación online no solo es posible y legal, sino que es una obligación moral y profesional hacia sus miembros. Al seguir usando excusas tan burdas, solo logran sembrar la desconfianza y el desencanto entre los colegiados, alejándose de su misión principal: servir y representar con eficacia y transparencia a todos sus miembros.
¿Le darán una medalla a los asistentes?
Lola Murias
CEO de Descubro
Colegiada en el “Colegio Oficial” de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana
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