La distinción entre un perito judicial y un detective privado en el ámbito legal es fundamental para garantizar la integridad del proceso judicial. Mientras que el perito actúa como un experto técnico encargado de proporcionar información objetiva basada en conocimientos específicos para esclarecer hechos que ya forman parte del proceso, el detective privado se dedica a investigar y recabar información de manera independiente, lo que puede incluir la aportación de nuevos hechos al proceso.
El papel del perito es crucial, ya que su objetivo es ayudar al juez a comprender aspectos técnicos complejos a través de un informe que debe ser imparcial y fundamentado en datos existentes. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el perito está obligado a ceñirse a los hechos y no debe introducir elementos nuevos que no hayan sido previamente presentados en el proceso.
Cuando un perito excede sus funciones y comienza a actuar como un investigador, aportando hechos nuevos que no han sido planteados en el debate procesal, se enfrenta a la posibilidad de que su informe sea impugnado o incluso declarado inadmisible. Esto se debe a que su actuación estaría violando el principio de imparcialidad y la función delimitada de su rol, lo cual podría dar lugar a responsabilidad penal o civil, tal como lo prevén los artículos 459 y 460 del Código Penal, que sancionan el falso testimonio o la alteración maliciosa de la verdad en los dictámenes periciales.
Existen precedentes judiciales en los que el informe de un perito ha sido desestimado precisamente porque el perito en cuestión adoptó una postura investigativa propia de un detective, lo que llevó a la nulidad de la prueba presentada. Esto subraya la importancia de que los peritos mantengan su rol técnico y se abstengan de intervenir en la recolección de nuevos hechos, función que pertenece exclusivamente a las partes o a los agentes designados para tal fin, como los detectives privados.
En conclusión, la función del perito es la de un especialista que clarifica aspectos técnicos y científicos para el tribunal, sin involucrarse en la investigación activa de los hechos. Es vital para la administración de justicia que se respete esta distinción, garantizando que cada actor dentro del proceso judicial cumpla con su rol específico y evite injerencias que puedan comprometer la objetividad y la legalidad del procedimiento.
En la jurisprudencia española, ha habido casos donde los tribunales han señalado la diferencia crucial entre el rol del perito y el del detective, incluso comparándolos directamente para establecer los límites de sus funciones.
1. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, 1346/2006, de 8 de diciembre: En esta sentencia, el Tribunal Supremo aclaró que un perito no puede asumir funciones de investigación propias de un detective. El tribunal destacó que mientras el detective privado tiene la misión de investigar y aportar nuevos hechos al proceso, el perito debe limitarse a analizar y valorar técnicamente los hechos ya presentados. Cualquier intento por parte del perito de actuar como detective podría llevar a la inadmisión de su informe pericial.
2. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17ª, 236/2013, de 15 de julio: En este caso, el tribunal comparó la actuación del perito con la de un detective y concluyó que el perito se había extralimitado en sus funciones al intentar recolectar pruebas fuera de su ámbito de competencia. La sentencia subrayó que la labor del perito es aportar conocimiento técnico sobre hechos ya existentes en el proceso, no realizar investigaciones independientes para descubrir nuevos hechos.
3. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, 53/2017, de 20 de enero: En esta sentencia, el tribunal advirtió sobre la confusión de roles cuando un perito fue cuestionado por su informe que incluía datos obtenidos de forma independiente, comparándolo con el trabajo típico de un detective. El tribunal reafirmó que el perito debe actuar únicamente como un experto técnico y no puede involucrarse en la investigación activa de los hechos del caso, algo que es prerrogativa de los detectives privados.
Estas sentencias ilustran cómo los tribunales españoles han reforzado la distinción entre las funciones del perito y las del detective, imponiendo límites claros para evitar la confusión de roles que podría afectar la imparcialidad y la validez de las pruebas en los procesos judiciales.
Lola Murias
CEO Descubro B2B
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