La reciente presentación del anteproyecto del Estatuto Propio del Detective Privado ante el Grupo Parlamentario Socialista, llevada a cabo por la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), ha generado una profunda preocupación en el colectivo. No solo representa una falta de respeto a los principios democráticos de la asociación, sino que constituye una acción manifiestamente ilegal, violando el marco normativo que regula el derecho de asociación y la toma de decisiones dentro de la entidad.
Violación de los Estatutos de la APDPE
Los Estatutos de la APDPE establecen con claridad que cualquier acción de este calado, que afecte de manera estructural a la profesión y a la representación del colectivo, debe ser aprobada en Asamblea General con la participación de los asociados. La Junta Directiva, en su actuar unilateral, ha ignorado esta exigencia fundamental, vulnerando los principios de transparencia y democracia interna.
En particular, el Artículo 16 de los Estatutos de la APDPE establece que la Asamblea General es el órgano supremo de decisión de la Asociación y que cualquier decisión trascendental debe ser sometida a su consideración. La presentación de un anteproyecto de Estatuto propio sin el respaldo de la Asamblea General no solo es una falta grave, sino que vicia de nulidad cualquier gestión derivada de la misma.
Infracción de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
Más allá de los estatutos internos de la APDPE, esta acción también contraviene disposiciones de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, que regula el derecho de asociación en España.
Artículo 7: Establece que el funcionamiento de las asociaciones debe regirse por principios democráticos. En este caso, la Junta Directiva ha actuado con total opacidad y falta de legitimidad democrática.
Artículo 11.4: Determina que los miembros de los órganos de gobierno de una asociación deben actuar conforme a los estatutos y representar los intereses de los asociados. El hecho de que la decisión se haya tomado sin consulta alguna es una clara transgresión de este mandato.
Artículo 12.1: Obliga a que las decisiones de especial relevancia sean sometidas a la Asamblea General. La omisión de este trámite en la APDPE podría acarrear responsabilidades jurídicas para los responsables de la decisión.
Consecuencias de una acción ilegítima
El impacto de esta actuación de la Junta Directiva de la APDPE va más allá de la falta de procedimiento. Esta decisión compromete la credibilidad de la Asociación, erosiona la confianza de los asociados y debilita la representación de todo el colectivo ante las instituciones y la opinión pública.
Nulidad de la Presentación del Anteproyecto
Cualquier acto que carezca de respaldo asambleario está viciado de origen. La presentación del Estatuto Propio del Detective ante el Congreso carece de legitimidad y debe ser retirada de inmediato.
Posible impugnación de la gestión de la Junta Directiva
Conforme al Artículo 40 del Código Civil, los acuerdos adoptados por una asociación pueden ser impugnados si vulneran las normas estatutarias o legales. Los asociados y cualquier detective de España, podrían emprender acciones legales para la anulación de esta decisión y para que la JD responda civil y penalmente de sus actos irresponsables, dictatoriales.
Responsabilidad de la Junta Directiva y exigencia de dimisión inmediata
La gravedad de esta falta hace imprescindible que los responsables de la decisión presenten su dimisión inmediata. Su permanencia en el cargo supone un riesgo para la credibilidad de la APDPE y la estabilidad del colectivo.
La falta de confianza de los asociados en sus representantes puede derivar en una moción de censura, forzando la convocatoria de nuevas elecciones anticipadas.
Desprestigio y fragmentación del colectivo
La adopción de decisiones unilaterales y sin consenso genera divisiones en el sector. En un momento en el que la profesión del detective privado necesita unidad y reconocimiento institucional, esta actuación solo contribuye al desprestigio de la asociación y de la profesión en su conjunto.
La Asamblea Extraordinaria del 28 de febrero y la falta de argumentos de la Junta Directiva
Se ha convocado una Asamblea General Extraordinaria para el 28 de febrero de 2025, conforme a lo establecido en los estatutos. Sin embargo, la Junta Directiva sigue insistiendo en que esta no ha sido convocada de manera regular, sin explicar los motivos que respaldan tal afirmación.
La negativa de la Junta Directiva a reconocer la validez de esta asamblea refleja su intención de bloquear cualquier intento de rendición de cuentas y control democrático. Esta actitud obstruccionista no solo refuerza la falta de transparencia, sino que deja en evidencia su desprecio por la voluntad de los asociados. Si la Junta Directiva sostiene que la convocatoria no es regular, está obligada a presentar argumentos claros y jurídicamente sostenibles, en lugar de recurrir al silencio y la evasión.
Conclusión: Dimisión inmediata y restauración del orden democrático
La Junta Directiva de la APDPE ha actuado de manera negligente y autoritaria, despreciando los procedimientos democráticos que rigen la Asociación. Esta acción no puede quedar impune.
Ante la gravedad de los hechos, instamos a:
La dimisión inmediata de la Junta Directiva en pleno.
La impugnación de la presentación del Estatuto Propio del Detective Privado hasta que el documento sea debatido y aprobado en Asamblea General.
El detective privado es una pieza clave en el sistema de justicia y seguridad. No podemos permitir que quienes dicen representarnos actúen al margen de la ley y de la voluntad del colectivo.
El futuro de la profesión está en juego. Es momento de actuar.
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