La Ley 02/2023 establece un marco claro y contundente para la protección de los denunciantes que informan sobre irregularidades internas. Cuando un denunciante comparte información sobre infracciones a terceros, se expone a un riesgo considerable de represalias. Este riesgo puede manifestarse de múltiples formas, como despido injustificado, degradación laboral, acoso o discriminación. La ley prohíbe tajantemente estas represalias y establece sanciones significativas para aquellos que las perpetren.
La clave está en el sistema de denuncias internas. Las organizaciones deben contar con canales confidenciales y eficaces para procesar las denuncias, asegurando la protección del denunciante. La ley no solo establece medidas punitivas contra las represalias, sino que también contempla la reparación de los daños causados al denunciante.
Los efectos adversos de las represalias no solo impactan a la persona que reporta, sino también a la integridad del sistema de denuncias en general. Un entorno donde los denunciantes temen represalias socava la confianza y dificulta la detección de irregularidades. Por tanto, el cumplimiento estricto de las disposiciones de la Ley 02/2023 es esencial para fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad en todas las organizaciones.
La aplicación rigurosa de esta ley es fundamental para proteger a quienes tienen el valor de alzar la voz. Ignorarla o permitir que haya represalias es, en última instancia, un acto que perjudica a la sociedad en su conjunto.
Lola Murias
CEO de Descubro
Commenti