“Una vergüenza para todo un colectivo ejemplar: la Junta aprueba con votos delegados unas cuentas presuntamente irregulares y reconoce su ilegalidad”

Descubro B2B
25 may
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Ayer, en el transcurso de la Asamblea General de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE), celebrada tanto de forma presencial como online, se expusieron ante los socios las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en curso. Lejos de ser un mero trámite contable, la presentación de estas cuentas reveló irregularidades de extrema gravedad.

Uno de los aspectos más alarmantes fue la existencia de un resultado negativo en caja, sin que mediara justificación técnica o documental que disipara las dudas evidentes sobre la gestión económica de la Junta Directiva. Pese a ello, y conforme al orden del día, se procedió a la votación para la aprobación de dichas cuentas.

El resultado fue claro: la mayoría de los socios presentes —tanto físicamente como por videoconferencia— votaron en contra de su aprobación. Solo los miembros de la actual Junta Directiva votaron a favor, reconociendo expresamente que las cuentas eran dudosas, irregulares e incorrectas.

En un giro absolutamente reprobable, se hizo uso de los votos delegados de socios ausentes para imponer una aprobación forzada de unas cuentas manifiestamente irregulares. Esta maniobra, que desnaturaliza el espíritu democrático de la Asamblea, permite la aprobación formal de un balance económico presuntamente fraudulento, lo cual acarrea consecuencias jurídicas graves para quienes resulten responsables de su elaboración, validación y presentación en nombre de la asociación.

Este hecho obliga ahora a su inscripción y legalización en el registro correspondiente, conforme a la normativa aplicable a asociaciones, lo que no hace sino profundizar la gravedad del acto, al dotar de apariencia de legalidad a un documento contable que fue rechazado por la mayoría presente y aprobado únicamente mediante una maniobra de acumulación de votos delegados.

Personalmente solicité que constara en acta mi absoluta disconformidad con la aprobación de estas cuentas, cuya legitimidad contable y estatutaria resulta más que cuestionable.

Pero lo más insólito aún estaba por llegar. Tras haberlas aprobado con el solo respaldo de los votos delegados, el vicepresidente —quien actúa ya como presidente en funciones— se permitió el lujo de afirmar públicamente que antes de inscribir las cuentas, pretende encargar una auditoría para “corregir” lo que se ha detectado. Esta declaración, además de insensata, denota un desconocimiento jurídico preocupante: las cuentas ya han sido aprobadas formalmente en asamblea, y cualquier alteración posterior no solo carece de validez legal, sino que podría constituir una grave infracción de los estatutos y del régimen sancionador previsto en la normativa asociativa y contable.

Lo que este señor pretende es una barbaridad jurídica: aprobar cuentas irregulares para luego modificarlas fuera del cauce legal y sin nuevo refrendo de la Asamblea. Un procedimiento que no solo viola los principios de transparencia y buena fe asociativa, sino que podría acarrear consecuencias penales si se confirma la alteración de documentos contables ya refrendados.

Ahora bien, conviene dejar algo muy claro y que quede constancia expresa en este artículo: este tipo de actuaciones no son reprochables al colectivo profesional de detectives privados. Al contrario, la inmensa mayoría de nuestros compañeros actúa con rigor, ética y profesionalidad, siendo un referente de seriedad y compromiso.

La crítica debe dirigirse únicamente a una minoría, a unos pocos que ocupan cargos en la Junta Directiva actual, y que han demostrado un preocupante desconocimiento jurídico y contable, acompañados de una alarmante soberbia institucional. Como en todo colectivo humano, también aquí hay garbanzos negros y manzanas podridas, pero eso no representa el conjunto. Nuestra profesión es admirable, y no merece ser arrastrada por los errores, los abusos ni la ineptitud de unos pocos.

Quedamos vigilantes para comprobar qué cuentas se elevan finalmente, pues no pueden ser otras que las aprobadas —aunque ilegítimamente— por la Asamblea. Cualquier intento de modificar lo aprobado supondrá una vulneración flagrante del mandato asambleario y abriría la puerta a una impugnación formal, con todas las consecuencias legales que de ello pudieran derivarse.

Y como las cuentas ya han sido aprobadas y dispuestas para elevar públicamente, pues me permito compartirlas para el análisis de expertos lectores, marcando solo una de tantas irregularidades.