Zapatero y Estados Unidos: ser juzgado en España puede ser la mejor defensa

Por Lola Murias

Detective Privado. CEO de Descubro B2B

Hay asuntos judiciales que no pueden mirarse solo desde el titular del día. El caso de José Luis Rodríguez Zapatero y Plus Ultra es uno de ellos.

No se trata de hacer un juicio paralelo. Tampoco de entrar en una pelea ideológica. Para eso ya están los partidos, las tertulias y las redes sociales. Aquí lo importante es otra cosa: entender qué puede significar, desde el punto de vista jurídico y estratégico, que un expresidente del Gobierno sea investigado en España cuando Estados Unidos también aparece, de una forma u otra, en el entorno de la investigación.

Porque cuando Estados Unidos aparece en una causa, aunque sea colaborando, el tablero cambia.

Y la pregunta ya no es solo qué se investiga.

La pregunta es también dónde interesa que se investigue.

Una imputación con muchas lecturas

Según las informaciones publicadas, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado en el caso Plus Ultra por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en relación con el rescate público concedido a la aerolínea durante la pandemia.

Conviene decirlo desde el principio: estar investigado no significa ser culpable. La presunción de inocencia debe respetarse siempre, guste más o menos la persona afectada o el partido al que pertenezca.

Pero respetar la presunción de inocencia no impide analizar las consecuencias de una imputación de esta importancia.

Y aquí hay una consecuencia evidente: la causa ya no tiene solo una lectura política española. Tiene también una posible lectura internacional.

Estados Unidos no es un actor menor

Uno de los datos más relevantes del caso es la intervención de autoridades estadounidenses en la investigación. Según se ha publicado, organismos de Estados Unidos habrían colaborado facilitando información relacionada con personas y elementos vinculados al caso.

Esto no quiere decir que Zapatero esté acusado en Estados Unidos. Tampoco quiere decir que exista una petición de extradición. Y mucho menos permite afirmar, sin más, que vaya a ser juzgado allí.

Pero sí permite afirmar algo muy importante: Estados Unidos no está completamente fuera del asunto.

Y eso, en una causa con posibles delitos económicos, presunto blanqueo de capitales, movimientos de dinero, sociedades, intermediarios y conexiones internacionales, no es un detalle menor.

Estados Unidos tiene una forma de investigar muy distinta a la europea. Sus autoridades pueden actuar con enorme fuerza cuando consideran que existen conexiones financieras, bancarias, tecnológicas o territoriales con su jurisdicción. Si aparecen dólares, bancos corresponsales, comunicaciones, sociedades o personas investigadas en su territorio, el asunto puede adquirir otra dimensión.

Por eso, desde un análisis político y jurídico, la pregunta es clara:

¿Puede ser mejor para un investigado que la causa se tramite en España antes que quedar expuesto a una posible actuación penal en Estados Unidos?

La respuesta, desde la estrategia procesal, es evidente: muchas veces, sí.

El foro judicial importa, y mucho

En una investigación internacional no solo importan los hechos. También importa el país que los investiga.

No es lo mismo declarar ante la Audiencia Nacional que enfrentarse a una investigación penal estadounidense. No es lo mismo ser juzgado en España que hacerlo en un sistema como el norteamericano, donde la presión penal, las penas, los acuerdos con fiscalía y la capacidad de investigación federal funcionan de forma muy diferente.

España tiene sus problemas, por supuesto. Pero también tiene un sistema procesal conocido, garantista, con recursos, control judicial y reglas previsibles.

Estados Unidos es otra cosa.

Por eso, cuando una causa puede tener ramificaciones internacionales, fijar el procedimiento en España puede convertirse en una ventaja defensiva muy importante.

No porque España sea un refugio de impunidad. No lo es.

Sino porque, para cualquier defensa, siempre será mejor jugar en un terreno conocido que en uno mucho más duro, lejano e imprevisible.

La imputación como posible cortafuegos

Aquí está la clave del análisis.

Si una persona es investigada en España por unos hechos concretos, y esos mismos hechos pudieran interesar también a Estados Unidos, la existencia de un procedimiento español puede condicionar cualquier movimiento posterior.

No de manera automática. No desde el primer día. Y no como una garantía absoluta.

Pero sí puede tener efectos muy relevantes.

El principio de cosa juzgada y el principio de non bis in idem impiden, en términos generales, que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos cuando ya existe una resolución firme. En materia internacional, además, cuando hay extradiciones o cooperación penal entre países, siempre debe analizarse si esos hechos ya están siendo investigados, perseguidos o juzgados en otro Estado.

Dicho de manera sencilla: si España investiga, delimita los hechos y termina resolviendo sobre ellos, una futura actuación de Estados Unidos podría encontrarse con un obstáculo importante.

Por eso la imputación en España, que políticamente puede parecer un problema, procesalmente puede llegar a ser una ventaja.

Ese es el punto delicado.

Y ese es el punto que no debe perderse entre el ruido político.

No es condena, es análisis

Hay que ser muy prudentes.

No se puede afirmar que exista una estrategia acreditada para evitar a Estados Unidos. Tampoco se puede decir que Zapatero sea culpable. Eso solo puede determinarlo un tribunal, si llega el caso, y con todas las garantías.

Pero sí se puede analizar algo evidente: en una causa con posible dimensión internacional, ser investigado en España puede ser mucho menos peligroso que quedar expuesto a una eventual investigación estadounidense.

La diferencia es importante.

Una cosa es acusar sin pruebas.

Otra muy distinta es analizar los efectos que puede tener una investigación abierta en España cuando Estados Unidos aparece en el contexto del caso.

Y aquí el efecto posible es claro: la jurisdicción española puede actuar como un cortafuegos.

El ruido político no debe tapar lo importante

Como era previsible, este caso se está leyendo desde la política.

Unos hablarán de persecución. Otros hablarán de corrupción. Unos dirán que se trata de una operación contra un expresidente socialista. Otros lo presentarán como la prueba de una trama de poder.

Pero el análisis serio no debería quedarse ahí.

La cuestión relevante no es si Zapatero cae mejor o peor. Tampoco si pertenece a un partido u otro. La cuestión realmente importante es si esta investigación española puede terminar siendo el escenario judicial que limite, ordene o incluso neutralice una posible actuación internacional.

Y, especialmente, una posible actuación de Estados Unidos.

Porque Estados Unidos no investiga como España. No acusa como España. No negocia como España. Y no castiga como España.

Por eso, para cualquier persona que pudiera verse afectada por una investigación con derivadas norteamericanas, consolidar una causa en España puede ser una forma de controlar el riesgo.

España como escenario menos peligroso

Desde fuera puede parecer contradictorio.

¿Cómo puede ser positivo para alguien ser imputado?

La respuesta está en el contexto.

Una imputación nunca es una buena noticia. Pero, si existe el riesgo de que otro país mucho más duro penalmente pueda interesarse por los mismos hechos, entonces ser investigado en España puede ser el mal menor.

España permite defensa, recursos, control judicial, debate procesal y un entorno jurídico conocido.

Estados Unidos, en cambio, puede abrir escenarios mucho más difíciles: delitos federales, acuerdos de culpabilidad, presión de fiscalía, investigaciones financieras muy amplias, decomisos y penas potencialmente mucho más severas.

Por eso, la clave puede no estar solo en evitar una investigación.

La clave puede estar en conseguir que la investigación se tramite en el foro menos dañino.

Y ese foro, para un ciudadano español, puede ser España.

La verdadera partida

El caso Plus Ultra ya no puede verse solo como una causa sobre un rescate público. Tampoco solo como una investigación sobre presunto tráfico de influencias o blanqueo de capitales.

Desde el momento en que aparece Estados Unidos en el entorno de la investigación, la causa adquiere otra dimensión.

La pregunta de fondo es esta:

¿Estamos ante una causa penal española más o ante una batalla silenciosa por fijar qué país debe controlar el relato judicial de los hechos?

No hay una respuesta definitiva.

Pero la pregunta es legítima.

Y en derecho penal internacional, llegar primero puede importar mucho. Investigar primero puede importar mucho. Delimitar los hechos primero puede importar mucho. Y resolver primero puede importar todavía más.

La paradoja del caso Zapatero

La paradoja es clara.

Una imputación que puede ser muy dañina en términos políticos puede ser útil en términos procesales si consigue que el asunto quede encauzado en España.

Ser investigado aquí puede ser el precio de no quedar expuesto allí.

Declarar ante la Audiencia Nacional puede ser menos arriesgado que acabar en el radar de fiscales estadounidenses.

Y ser juzgado en España puede convertirse, llegado el caso, en la mejor forma de evitar un escenario mucho más duro en Estados Unidos.

No se trata de absolver ni de condenar.

Se trata de analizar.

Y el análisis obliga a mirar más allá del ruido, de los partidos y de los titulares.

Porque tal vez la noticia no sea solo que Zapatero ha sido imputado.

Tal vez la verdadera noticia sea que España puede haberse convertido en el escenario más conveniente para afrontar una causa que, si cruzara definitivamente el Atlántico, podría ser mucho más peligrosa.