En el universo de la investigación privada en España, los Colegios Oficiales de Detectives Privados, deberían ser la columna vertebral que sostiene y protege los intereses de sus miembros. La ley de colegios oficiales es clara: debería existir un Consejo General de Colegios que ofrezca cobertura a todos los colegiados y profesionales, especialmente a aquellos que operan en provincias sin representación. Sin embargo, como en una tragicomedia de Shakespeare, las promesas de un Consejo General de Colegios han sido, hasta ahora, nada más que eso: promesas.
Desde 2019, año tras año, se nos ha asegurado que el ansiado Consejo está en camino. Pero en lugar de progreso, nos hemos encontrado con una telaraña de egos e intereses personales que han eclipsado las verdaderas obligaciones legales. Actualmente, sólo existen tres colegios oficiales en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia. La creación de un Consejo General sigue siendo una utopía, y los profesionales de la investigación privada siguen sin representación en muchas áreas de España.
El Colegio de la Comunidad Valenciana es un ejemplo paradigmático de este despropósito. Mientras sus líderes se envuelven en medallas y condecoraciones, como si fueran generales en una cruzada épica, las obligaciones legales y deontológicas se desvanecen en el olvido. En febrero de 2024, se anunció con bombo y platillo que el Consejo General ya era una realidad y que se habían trabajado los estatutos correspondientes. Sin embargo, la cruda realidad es que, a día de hoy, los detectives privados siguen sin el respaldo de un organismo de derecho público que los represente adecuadamente.
Profundizando en las sombras de esta situación, encontramos colegios que respaldan conductas impropias y premian a profesionales que han demostrado públicamente acciones contrarias a su propio código deontológico. Esconden la cabeza y rehúyen dar explicaciones, perpetuando un clima de impunidad y falta de transparencia.
El Colegio de Valencia y su actual junta directiva son un claro ejemplo de incumplimiento de la normativa. La Ley 02/2023 establece la obligatoriedad de un canal de denuncias interno que permita la confidencialidad y el anonimato, así como la posibilidad de adjuntar información respaldatoria. Sin embargo, este colegio parece haber decidido que la ley es una mera sugerencia, negándose a permitir denuncias anónimas y confidenciales.
¿Corrupción? ¿Intereses creados? ¿Representantes que no están a la altura? Todo parece indicar que los "presidentes" de estos colegios prefieren ser llamados "decanos", como si el cambio de título pudiera ocultar su incompetencia.
La ironía en todo esto es palpable. Mientras las medallas y las condecoraciones se acumulan, los intereses de un colectivo tan único y especial como el de la investigación privada quedan relegados al olvido. ¿Dónde está la lucha por los derechos y el reconocimiento de los detectives privados? Los grandes representantes del pasado que lucharon por la visibilidad y el prestigio de la profesión se deben estar revolviendo en sus tumbas. Y los vivos, me consta se revuelven.
Hoy, en lugar de progreso y profesionalidad, tenemos un desfile de vanidades. La situación exige una reflexión profunda y una acción decidida para que los Colegios Oficiales de Detectives Privados en España cumplan con sus obligaciones y representen verdaderamente a sus miembros. Hasta entonces, seguiremos viviendo en esta tragicomedia de promesas incumplidas y medallas sin mérito.
El camino hacia una representación efectiva y profesional en el sector de la investigación privada en España pasa por superar los egos y los intereses personales. Es imperativo que se constituya el Consejo General de Colegios para ofrecer la cobertura legal y profesional que los detectives privados merecen. Solo entonces podremos dejar atrás las condecoraciones vacías y avanzar hacia un futuro donde la profesionalidad y la ética sean los verdaderos emblemas de nuestra profesión.
Lola Murias
CEO Descubro B2B
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