Protección del Denunciante

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, supuso un importante avance en la protección de aquellos que se atreven a denunciar conductas ilegales o irregulares dentro de las empresas.

Esta normativa establece medidas para garantizar que los denunciantes estén protegidos contra posibles represalias o consecuencias negativas derivadas de su denuncia, como pueden ser despidos o discriminaciones laborales. Asimismo, se establecen mecanismos para fomentar la denuncia y el canalizar de forma adecuada las comunicaciones recibidas.

Además, la Ley 2/2023 contempla la creación de una figura específica de "facilitador del cumplimiento normativo" que actúa como intermediario entre el denunciante y la