Es el momento del cambio de la actual Junta directiva de la Apdpe: entre el secretismo, la amenaza y el analfabetismo jurídico”.

Acudí a la sede de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) el pasado lunes 31 de marzo de 2025, puntualmente a las 12:00, según cita formal enviada por su Secretario. Pero la puntualidad no es, al parecer, una virtud cultivada por la actual Junta Directiva: no fui atendida hasta casi una hora después. Y lo que vino después, supera cualquier novela negra… escrita por amateurs.

Me mostraron las actas. Sí, las de años anteriores estaban ahí, acumuladas. Pero las de 2025… olían a tinta fresca. Redactadas días antes, centradas casualmente en asuntos muy específicos que habían sido objeto de debate interno en un grupo de WhatsApp. Como si se hubieran escrito deprisa y corriendo, para cubrir el expediente y frenar el escándalo. Transparencia express, que le dicen.

Cuando pregunté a JR —sí, el mismo que previamente me envió amenazas por audio— si esas juntas se habían celebrado presencialmente o de forma telemática, su respuesta fue una maravilla de improvisación: no lo sabía con seguridad. Ni siquiera supo decir con claridad si se habían convocado debidamente. Es decir, hablamos de un miembro de la Junta Directiva que no sabe cómo se reúne su propia Junta Directiva.

Y eso no fue lo peor.

Al solicitar acceso al “Anteproyecto del Estatuto del Detective Privado” —ese mismo que, según su comunicado oficial del 28 de marzo, fue presentado ante la Comisión de Interior del Congreso—, se me negó su existencia. Textualmente: “Eso no existe”. Me ofrecieron en su lugar un documento cualquiera, sin formato jurídico ni estructura normativa, que no aguantaría ni una revisión de máster en derecho. Por supuesto, toda esta conversación quedó grabada. Porque cuando los responsables de una asociación profesional mienten, lo mínimo es dejar constancia.

¿Y qué decía JR? Que habían solicitado al Congreso que se revise la actuación de los detectives en ferias y eventos porque, según él, “eso lo han quitado de la ley”. Grave. Muy grave. Porque según el artículo 48 de la Ley 5/2014, las actuaciones en lugares de acceso público están permitidas, incluyendo ferias y eventos. Lo que este señor afirma, no sólo es falso, sino una barbaridad jurídica. Pero lo verdaderamente escandaloso es que lo haya dicho en sede parlamentaria, como portavoz de todos nosotros.

Nos encontramos así con una Junta Directiva que:

• No sabe si sus reuniones son físicas o virtuales.

• Redacta actas a la carrera, para tapar polémicas en redes.

• Desconoce la ley que rige nuestra profesión.

• Actúa a espaldas de sus asociados.

• Amenaza a quien fiscaliza su gestión.

• Y miente, ya sea al Congreso, a los socios, o a ambos.

Todo esto mientras presumen de “estar construyendo el Estatuto del Detective”. Un estatuto que ni siquiera existe como tal, y que según ellos mismos, se presentó y no se presentó al Congreso al mismo tiempo. Física cuántica aplicada a la desinformación corporativa.

La APDPE debería ser nuestra voz profesional. Pero bajo esta Junta, no es más que una ficción burocrática. Una tapadera opaca para ambiciones personales y negligencias colectivas.

En mayo hay elecciones. Esta vez no es una cita, es una misión profesional. Asociarse y votar no es política: es autodefensa. Expulsar a esta Junta Directiva no es una opción: es un deber moral.

Porque la verdadera amenaza a la profesión no está fuera. Está dentro (camuflada como la actual Junta Directiva)Y tiene nombre, voz y actas redactadas con prisas.

Lola Murias