Mesa electoral a cuatro… y Téllez por la cara

El pasado sábado, los socios de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) asistimos, una vez más, a un espectáculo bochornoso que se aleja de cualquier estándar mínimo de transparencia y legalidad en un proceso electoral. Lo que debía ser una jornada de participación democrática se convirtió en una pantomima organizada con evidente desprecio al derecho de sufragio de los asociados y a las normas estatutarias de la entidad.

La mesa electoral —teóricamente garante de la neutralidad y el control del proceso— quedó integrada por miembros de ambas candidaturas (Guaza y Bueno), así como por el socio más joven y el más veterano, conforme al criterio habitual. Sin embargo, de forma totalmente irregular, el Sr. Téllez, sin designación alguna ni función reconocida en dicho órgano, se situó cómodamente frente a una gran pantalla de ordenador, controlando el sistema de votación online, sin fiscalización, sin supervisión, sin transparencia.

Durante el recuento físico y de votos por correo, la mesa electoral proclamó un empate. Fue entonces cuando el Sr. Téllez, sin mediar explicación, se ausentó durante más de siete minutos, supuestamente para mantener una conversación telefónica. A su regreso, y sin compartir el contenido del supuesto recuento telemático con la mesa ni con los asistentes, proclamó un resultado verbal —a su antojo— que daba la victoria a la candidatura de Labrador por apenas tres votos.

NO COMPARTIÓ LA PANTALLA, NO ENSEÑÓ INFORME DEL RECUENTO Y SE COLÓ COMO SI FUESE UN MIEMBRO DE LA MESA ELECTORAL. Pero tendremos que creerle …. Hasta que se investigue.

Resulta jurídicamente inaceptable y éticamente escandaloso que un proceso electoral en una asociación profesional se vea manipulado de esta forma. El Sr. Téllez no formaba parte de la mesa electoral, no estaba legitimado para intervenir en el escrutinio, y mucho menos para controlar sin transparencia el recuento de votos online. ¿Dónde quedó el principio de publicidad del escrutinio? ¿Dónde la fiscalización cruzada? ¿Dónde la trazabilidad y el control del voto electrónico?

El artículo 22 de la Constitución Española garantiza el derecho de asociación y, por tanto, el derecho de los asociados a participar en igualdad de condiciones en los órganos de gobierno. Cuando este principio se vulnera, estamos ante una quiebra democrática que invalida el proceso electoral.

Cabe recordar que, según la doctrina jurisprudencial y las normas aplicables a asociaciones, los procesos electorales deben garantizar:

• La imparcialidad de la mesa electoral,

• La transparencia del escrutinio,

• El respeto al derecho al voto,

• La trazabilidad y documentación de todos los actos electorales.

Nada de esto se cumplió el sábado pasado.

Lo que ocurrió fue una intervención no autorizada, unilateral y antidemocrática, a espaldas de los socios y en favor de una candidatura. El resultado de esta elección queda manchado, viciado y jurídicamente cuestionado.

Frente a quienes se creen inmunes, recordamos: los cargos asociativos no son propiedad de nadie. Son responsabilidad de todos. Y más temprano que tarde, los tribunales y la comunidad profesional pondrán fin a estas prácticas caciquiles.

Ex asociada desde el domingo 1115