UNA PROFESIÓN DE RIESGO Investigar tiene riesgos. Ser detective privado, muchos más

Lola Murias

Detective Privado. CEO de Descubro B2B

Hay profesiones que todo el mundo sabe que son de riesgo.

Bomberos. Policías. Mineros. Personal de emergencias.

Nadie lo discute.

Luego estamos los detectives privados.

No aparecemos en ninguna lista oficial de profesiones de riesgo. No tenemos estadísticas públicas que lo recojan. No hay informes institucionales que analicen nuestra exposición.

Y, sin embargo, quienes trabajamos en esta profesión sabemos perfectamente que el riesgo existe.

No todos los días.

Pero cuando aparece, aparece de verdad.

El riesgo físico del que nadie habla

La investigación privada no es una película de cine negro, aunque a veces lo parezca desde fuera. Es una actividad regulada, sometida a límites legales muy estrictos y, sobre todo, una actividad que se desarrolla muchas veces en la calle.

Seguimientos. Observaciones. Vigilancias.

Y eso implica algo muy simple: interactuar con la realidad, no con un despacho.

Cualquier detective con unos años de experiencia conoce casos de compañeros que han sufrido agresiones tras ser detectados en un seguimiento. O persecuciones absurdas por parte de investigados que han decidido que la mejor defensa es intimidar.

También existen amenazas posteriores a un informe. Intentos de localizar al profesional que ha realizado la investigación. Destrozos en vehículos. Acoso telefónico. Incluso mudanzas forzadas cuando el investigado consigue averiguar dónde vive el detective.

No es lo habitual. Pero ocurre.

Y cuando ocurre, ocurre sin red.

Porque el detective privado trabaja solo, sin la cobertura institucional que tienen otros profesionales expuestos al conflicto.

De hecho, no hace falta irse muy lejos para encontrar ejemplos recientes. Durante el evento celebrado en Madrid por La Sociedad Clave, se comentaron casos concretos de amenazas graves contra detectives privados por el simple hecho de ejercer sus funciones profesionales. Amenazas denunciadas ante la policía judicial, acreditadas formalmente y, sin embargo, archivadas sin mayores consecuencias y sin una investigación efectiva posterior.

Es decir, el detective es amenazado por hacer su trabajo, denuncia los hechos, y el sistema decide que no merece demasiada atención.

Una forma bastante peculiar de gestionar el riesgo profesional.

El otro riesgo, no menos importante: el jurídico

Luego está el riesgo que no se ve.

El jurídico.

El detective privado trabaja permanentemente en una línea muy clara pero extremadamente exigente: obtener información y prueba sin vulnerar derechos fundamentales. Intimidad, propia imagen, protección de datos, proporcionalidad.

Cada actuación tiene límites muy definidos. Y eso exige una prudencia constante.

Pero hay una paradoja poco conocida fuera del ámbito jurídico.

El detective no es quien introduce la prueba en el procedimiento judicial. Esa responsabilidad corresponde al letrado, que decide si el informe se aporta o no al debate procesal.

Sin embargo, si la actuación investigadora es considerada incorrecta —por una posible vulneración de derechos o una interpretación restrictiva de los límites de la investigación— la responsabilidad jurídica no recae sobre quien decide usar la prueba en el proceso.

Recae sobre el detective.

Es decir, el profesional que investiga no controla la estrategia procesal, pero sí asume las consecuencias jurídicas de su actuación si esta es cuestionada.

Una situación curiosa.

Y, desde luego, poco confortable desde el punto de vista profesional.

El riesgo psicológico

Existe además otro elemento que raramente se menciona: el desgaste.

La investigación privada implica trabajar con conflicto humano. Fraudes laborales, conflictos familiares, disputas empresariales, engaños, traiciones.

Nada de eso ocurre en ambientes tranquilos.

El detective está acostumbrado a moverse en entornos donde alguien está perdiendo algo: dinero, reputación, custodia de un hijo, un puesto de trabajo o incluso una empresa.

Y cuando alguien siente que pierde, no siempre reacciona de forma racional.

Entonces, ¿por qué no se reconoce?

Probablemente porque nuestro riesgo no es fácil de medir.

No hay grandes estadísticas de accidentes laborales. No hay partes médicos sistemáticos. No hay informes sectoriales que recojan amenazas o agresiones.

El riesgo existe, pero está disperso.

Y lo que no aparece en una estadística, para la Administración simplemente no existe.

Qué debería hacer el colectivo si quiere que esto cambie

Si realmente queremos que la investigación privada sea considerada formalmente una profesión de riesgo, el camino no pasa solo por señalar el problema. Pasa por estructurarlo.

Primero, el sector debería documentar de forma sistemática los incidentes sufridos por detectives privados: agresiones, amenazas, daños materiales, acoso posterior a investigaciones o situaciones de riesgo físico durante seguimientos.

Sin datos, ninguna administración se moverá.

Segundo, sería necesario elaborar un informe técnico sectorial sobre riesgos profesionales en la investigación privada, que incluya riesgos físicos, jurídicos y psicosociales derivados de la actividad.

Ese documento permitiría trasladar el debate al ámbito adecuado: el de la prevención de riesgos laborales.

Tercero, los Clegios profesionales, el Lobby LSC y las asociaciones del sector deberían plantear formalmente este análisis ante organismos como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que el sector sea estudiado dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Cuarto, sería necesario establecer protocolos profesionales de protección y seguridad, tanto operativa como personal, que permitan demostrar que el sector es consciente de los riesgos y trabaja activamente para gestionarlos.

Y, por último, algo que quizá sea lo más difícil: el sector debe explicar mejor su trabajo y sus riesgos fuera de la propia profesión.

Mientras la investigación privada siga siendo una actividad invisible, también lo serán los riesgos que conlleva.

La paradoja

El detective privado es una figura habilitada por el Ministerio del Interior. Sus informes pueden tener valor probatorio en los tribunales. Empresas, abogados y particulares confían en su trabajo para esclarecer hechos relevantes.

Sin embargo, quienes ejercen esta profesión siguen siendo invisibles cuando se habla de riesgos profesionales.

Una paradoja curiosa.

O quizá simplemente una de esas realidades incómodas que nadie se ha parado a analizar con calma.

Luchemos por ello!