La Junta que quiso ser Estado

Por Lola Murias.

Detective Privado y CEO de Descubro B2B

Hay asociaciones que representan a sus asociados. Y luego está la actual Junta Directiva de la APDPE, que ha decidido probar una ambición superior: representar a todo un colectivo sin haber recibido jamás ese mandato.

No es una caricatura. Es su propia tesis. En su respuesta a los Colegios, la Junta sostiene una supuesta “representación sectorial de carácter estatal” y remata con una frase que debería figurar en el museo nacional de la soberbia asociativa: seguirán “representando al sector, le pese a quien le pese”.

La frase merece contemplarse despacio.

“Le pese a quien le pese”.

Aunque no te hayan elegido.

Aunque no formes parte de esa asociación.

Aunque no compartas sus posiciones.

Aunque existan Colegios Profesionales que hayan tenido que recordar una obviedad jurídica e institucional: las asociaciones representan los intereses de sus asociados; los Colegios ostentan por ley la representación institucional de la profesión en sus ámbitos y la interlocución con las Administraciones Públicas.

Da igual. Según esta Junta, ellos representan. Y los demás, al parecer, solo podemos asistir a la función.

Porque de eso se trata: de una función. De una puesta en escena. De una Junta que ya no parece conformarse con dirigir una asociación privada, sino que sobreactúa como si hubiera sido investida Gobierno provisional del gremio. No administra una entidad; se comporta como si tutelara un destino colectivo. No defiende a sus miembros; se proyecta como si encarnara a toda la profesión. No expone una posición; la enuncia con el tono de quien baja del monte con las tablas de la ley.

Y esa es la verdadera dimensión del problema.

No estamos ante una simple discrepancia institucional. Estamos ante una Junta que ha confundido su cargo con una forma menor de soberanía. Que ha confundido la voz de una parte con la voz del todo. Que ha confundido la gestión de una asociación con una especie de regencia moral sobre la profesión entera.

Los Colegios de Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia han respondido con bastante más contención de la que merecía el caso. Su declaración conjunta no entra en delirios épicos: se limita a recordar la realidad legal, reprochar el tono denigrante empleado y suspender cautelarmente las relaciones institucionales con la APDPE hasta que haya rectificación y aclaración suficiente.

Es una respuesta sobria. Casi elegante. Quizá demasiado elegante para el nivel de desmesura exhibido al otro lado.

Porque lo llamativo de esta Junta no es solo que quiera tener voz. Lo llamativo es que quiera monopolizar el plural. No se contenta con defender sus ideas; necesita envolverlas en una falsa representación general. No le basta con opinar; necesita hacerlo como si hablara en nombre de todos. No se limita a discrepar con los Colegios; necesita rebajar su papel para inflar artificialmente el suyo.

Es una vieja patología del poder pequeño: cuando la legitimidad no alcanza, se compensa con grandilocuencia.

Y así aparecen los comunicados solemnes, las frases infladas, los “contactos de alto nivel” con los poderes del Estado y esa insistencia en presentarse como la voz natural del colectivo. La propia Junta ya había comunicado reuniones con autoridades y las había presentado como expresión de una labor en favor de “la profesión en general”, como si la agenda de una asociación privada equivaliera, sin más, al interés institucional de todo el sector.

Pero no.

Una reunión no es una investidura.

Una agenda no es un mandato.

Un membrete no es una corona.

Y, sobre todo, una asociación privada no se convierte en Estado porque se redacte a sí misma en tono estatal.

Una Junta sin la talla institucional que exige el cargo

Y aquí conviene decir algo más, aunque moleste.

La cuestión ya no es solo que esta Junta pretenda hablar por todos sin haber sido elegida por todos. La cuestión es si, viendo cómo ha gobernado puertas adentro, ha demostrado siquiera la solvencia, la transparencia y la altura institucional mínimas para dirigir con autoridad moral la asociación que administra.

Y lo que proyectan sus propios actos es demoledor.

Consta documentalmente que hubo una impugnación formal contra la candidatura integrada por miembros de la propia Junta. Consta también que esa impugnación fue trasladada a la Junta Directiva y que fue la propia Junta la que la resolvió, presentando luego la desestimación a los asociados.  Consta, además, que se formularon reproches expresos sobre falta de imparcialidad, ausencia de un órgano verdaderamente independiente para resolver, omisión del fondo de las cuestiones planteadas y falta de traslado real del debate a la Asamblea.

También consta una impugnación posterior del proceso electoral en la que se denunciaban graves irregularidades: ausencia de comisión electoral independiente, intervención de personas vinculadas a la candidatura en funciones clave del proceso, dudas sobre el censo, falta de actas, opacidad documental y limitaciones al derecho de participación.

Y consta, por último, que la propia controversia interna se ha extendido a cuestiones de acceso documental, transparencia y calidad del gobierno asociativo.

Dicho de otro modo: no estamos ante una Junta rodeada de consenso, credibilidad y ejemplaridad institucional. Estamos ante una Junta discutida, cuestionada y contestada por su propio modo de actuar, que aun así ha decidido proyectarse hacia fuera como si fuera la voz indiscutible de toda una profesión.

Eso no es fortaleza.

Eso es sobreactuación institucional.

Y aquí es donde conviene poner el foco donde de verdad importa. No hace falta entrar en la formación académica concreta de nadie ni en el currículum individual de sus miembros. No hace falta insultar. No hace falta bajar al barro. Basta con mirar sus resultados.

Porque la capacidad para dirigir no se proclama: se demuestra.

La altura institucional no se imprime en un comunicado: se ejerce.

La autoridad moral no se presume: se gana.

Y lo que esta Junta ha demostrado no es precisamente excelencia directiva. Ha demostrado una forma de gobernar que, a juicio de cualquiera que observe los hechos con un mínimo de honestidad intelectual, resulta opaca, defensiva, autorreferencial y profundamente inmadura en términos institucionales.

Más que cultura de gobierno, ha exhibido cultura de control.

Más que transparencia, resistencia a rendir cuentas.

Más que liderazgo, una preocupante confusión entre cargo y propiedad.

Más que representación, una apropiación del relato.

Esa es la descalificación verdaderamente seria. No una caricatura personal, sino una constatación política e institucional: esta Junta no ha acreditado la talla necesaria para desempeñar con solvencia el papel que pretende arrogarse.

Porque quien no sabe convivir con la crítica, quien no acredita transparencia con los suyos y quien no respeta los límites de su propia legitimidad, no está en condiciones de presentarse como referencia del conjunto de una profesión.

No porque lo diga este artículo.

Porque lo dicen sus propios hechos.

La ficción de la voz única

Lo más irritante de todo no es siquiera la pretensión. Es el desprecio implícito que encierra.

Porque cuando una Junta dice que seguirá representando “le pese a quien le pese”, está diciendo algo mucho más feo: que la voluntad de quienes no la han elegido le importa poco. Que el consentimiento de los no asociados le estorba. Que la pluralidad del sector es una molestia. Que la discrepancia no merece ser atendida, sino neutralizada.

Ese es el verdadero retrato.

No estamos ante liderazgo.

Estamos ante soberbia representativa.

Una soberbia especialmente ruidosa, además, porque no nace de una posición sólida, sino de una evidente ansiedad por ocupar un espacio que no le pertenece. La Junta parece no soportar la existencia de límites. Quiere centralidad sin consenso. Quiere influencia sin contrapeso. Quiere interlocución sin título. Quiere, en suma, mandar sin haber sido llamada a mandar.

Es una tentación muy conocida en política: la del dirigente que deja de administrar una parte y empieza a imaginar que encarna el todo. El pequeño caudillismo de quien se mira al espejo y ya no ve una Junta Directiva, sino una institución histórica.

Y quizá esa sea la comparación más exacta: la actual Junta de la APDPE actúa como esas minorías que, al no poder acreditar una legitimidad suficiente, deciden sustituirla por una épica de cartón. Mucho tono. Mucha solemnidad. Mucho “sector”. Mucho “colectivo”. Mucho “todos”. Pero muy poca humildad para admitir lo evidente: que no hablan por todos, que no pueden hablar por todos y que no van a representar a quienes no les han dado ese derecho solo porque hayan decidido escribirse a sí mismos como si ya lo tuvieran.

La profesión de detective privado merece bastante más que esto.

Merece rigor.

Merece transparencia.

Merece respeto institucional.

Merece dirigentes que entiendan que representar no es invadir.

Merece asociaciones útiles y colegios fuertes.

Merece, sobre todo, personas con la prudencia suficiente para saber dónde termina su voz.

Lo que no merece es una Junta jugando a Parlamento, a Gobierno y a portavoz nacional al mismo tiempo.

Porque una cosa es liderar.

Otra muy distinta es interpretar un papel por encima del cargo.

Y eso es exactamente lo que estamos viendo: una Junta que, incapaz de acreditar una verdadera ejemplaridad en su propio gobierno interno, ha decidido proyectarse hacia fuera como si la profesión entera estuviera esperando su tutela.

No.

La profesión no necesita guardianes autodesignados.

No necesita iluminados de la representatividad.

No necesita que nadie le diga que será representada “le pese a quien le pese”.

Eso no es autoridad.

Eso no es unión.

Eso no es grandeza.

Eso es, simple y llanamente, soberbia.