Radiografía económica de la investigación privada: un sector de apenas 1.500 profesionales que factura más de 120 millones al año

Por Lola Murias. Detective Privado. CEO Descubro B2B.

La investigación privada en España es uno de los sectores profesionales más reducidos del ámbito de los servicios especializados. El número de detectives privados habilitados y en ejercicio se sitúa aproximadamente en 1.500 profesionales en todo el país, una cifra sorprendentemente baja si se tiene en cuenta la creciente necesidad de obtención de prueba en procedimientos judiciales, conflictos empresariales o investigaciones patrimoniales.

A pesar de su tamaño limitado, cuando se analiza el sector desde una perspectiva económica aparece una realidad poco conocida: la investigación privada genera un volumen de negocio significativo y sostenido, basado en miles de horas de trabajo profesional altamente especializado.

La estructura económica del sector

La investigación privada española se caracteriza por una gran atomización profesional. La figura predominante sigue siendo la del detective autónomo que opera desde su propio despacho, muchas veces con una estructura muy ligera y apoyándose puntualmente en colaboradores para determinadas investigaciones.

Este perfil profesional constituye el núcleo del sector. La facturación media de estos detectives autónomos con despacho propio suele situarse aproximadamente en torno a los 65.000 euros anuales.

Se trata de profesionales que desarrollan investigaciones laborales, familiares, arrendaticias o mercantiles, trabajando en un mercado donde la reputación, la experiencia y la capacidad de aportar prueba válida en sede judicial resultan determinantes.

Junto a estos profesionales existen también pequeños despachos formados por dos o tres investigadores, cuya actividad suele alcanzar cifras de facturación situadas entre los 80.000 y los 120.000 euros anuales, dependiendo del grado de especialización, el tipo de clientes y el posicionamiento en el mercado.

Por encima de este nivel aparece un número mucho más reducido de agencias con mayor volumen de actividad, normalmente vinculadas a investigación empresarial, investigaciones internas, fraude corporativo o análisis patrimonial en procedimientos judiciales complejos.

El valor del tiempo de investigación

Una de las formas más realistas de analizar el tamaño económico del sector es observar el valor medio del tiempo de trabajo profesional.

Si se toma como referencia una media aproximada de 70 euros por hora de servicio, cifra habitual dentro del mercado teniendo en cuenta los distintos tipos de investigaciones y la complejidad de muchos servicios, se puede realizar una estimación razonable del volumen de actividad anual.

Considerando la actividad de los aproximadamente 1.500 detectives privados en ejercicio, el sector genera cada año millones de horas de trabajo profesional, incluyendo labores de vigilancia, investigación documental, análisis patrimonial, obtención de información, elaboración de informes y comparecencias judiciales.

Un mercado que supera los 120 millones de euros

Si se trasladan estas horas de trabajo al valor económico del servicio profesional, la estimación más razonable sitúa el volumen anual del sector entre los 120 y los 140 millones de euros de facturación en España.

Se trata de una cifra significativa para un sector tan reducido en número de profesionales, especialmente si se tiene en cuenta que gran parte de esta actividad está vinculada a investigaciones con relevancia jurídica o empresarial, donde la obtención de información fiable y prueba válida resulta esencial.

Un sector que también genera ingresos fiscales

Este volumen de negocio tiene además un impacto fiscal relevante.

La actividad de la investigación privada genera ingresos públicos a través de diferentes vías:

• IVA aplicado a los servicios profesionales

• IRPF de los detectives autónomos

• Impuesto sobre sociedades en el caso de agencias constituidas como empresa

• Cotizaciones a la Seguridad Social

En términos agregados, el sector aporta cada año decenas de millones de euros a las arcas públicas, contribuyendo como cualquier otro sector profesional a la sostenibilidad del sistema fiscal.

Un sector discreto con un papel cada vez más relevante

A pesar de este volumen económico, la investigación privada sigue siendo una actividad profundamente discreta, donde la exposición pública suele ser limitada y donde gran parte del trabajo se desarrolla bajo estrictos principios de confidencialidad.

Sin embargo, detrás de cada investigación existe un importante trabajo técnico que implica planificación, análisis, trabajo de campo, obtención de información y elaboración de informes con valor probatorio.

La creciente complejidad de los conflictos empresariales, patrimoniales y societarios está incrementando la demanda de este tipo de servicios, especialmente en ámbitos como las investigaciones internas, el fraude corporativo o los análisis patrimoniales previos a litigios.

En ese contexto, la investigación privada continúa consolidándose como una herramienta esencial para la obtención de prueba y la verificación de hechos, desarrollada por un colectivo profesional pequeño en número, pero con una actividad económica mucho más relevante de lo que habitualmente se percibe.