LOS DETECTIVES PRIVADOS, LA CLAVE RECOMENDADA POR EL GOBIERNO PARA LIBERAR LA VIVIENDA OCUPADA.

La ocupación ilegal de viviendas es un problema que afecta a muchas personas en España. A pesar de que existe una legislación para abordar este problema, en la práctica, muchas veces se hace difícil desalojar a los ocupantes ilegales. Recientemente, el gobierno español ha propuesto una nueva ley de vivienda que busca abordar esta problemática.

El problema de la ocupación de viviendas en España

La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema cada vez más común en España. Según algunos datos, en el año 2020 se produjeron alrededor de 40.000 ocupaciones ilegales de viviendas en el país. Este problema afecta a propietarios de viviendas que ven cómo su propiedad es ocupada ilegalmente por personas que, en muchos casos, se niegan a abandonar la vivienda.

El proceso para desalojar a los ocupantes ilegales puede ser largo y costoso. A menudo, los propietarios deben recurrir a un proceso judicial para poder recuperar su propiedad, lo que puede llevar meses o incluso años. Además, el proceso puede resultar muy costoso, ya que el propietario debe asumir los costes del abogado y otros gastos legales.

La nueva ley de vivienda

Ante esta problemática, el gobierno español ha propuesto una nueva ley de vivienda que busca agilizar el proceso para desalojar a los ocupantes ilegales. Esta ley contempla, entre otras cosas, la contratación de detectives privados por parte de los propietarios para demostrar que los ocupantes no son vulnerables, es decir, que no se encuentran en situación de necesidad.

El objetivo de esta medida es acelerar el proceso judicial y facilitar el desalojo de los ocupantes ilegales. Los propietarios podrán aportar la prueba obtenida por los detectives privados para demostrar que los ocupantes no cumplen los requisitos para ser considerados vulnerables. Si se demuestra que los ocupantes no son vulnerables, el proceso judicial para el desalojo podría ser más rápido y sencillo.

La ley también contempla la creación de un registro de viviendas vacías, con el objetivo de poner a disposición del mercado de alquiler aquellas viviendas que se encuentran sin uso. Además, la ley establece medidas para proteger a los inquilinos que no pueden pagar el alquiler, como la creación de un fondo de ayuda al alquiler.

¿Qué significa esta ley para los propietarios y los ocupantes ilegales?

Para los propietarios, la nueva ley de vivienda podría ser una herramienta útil para recuperar su propiedad en caso de ocupación ilegal. Al tener la posibilidad de contratar detectives privados para demostrar que los ocupantes no son vulnerables, el proceso judicial podría ser más rápido y sencillo.

Por otro lado, para los ocupantes ilegales, la nueva ley podría suponer una mayor dificultad para mantenerse en una vivienda ocupada ilegalmente. Sin embargo, la ley también contempla medidas para proteger a los inquilinos que no pueden pagar el alquiler, lo que podría reducir el número de viviendas ocupadas ilegalmente por personas que no pueden hacer frente al pago del alquiler.

En conclusión, la nueva ley de vivienda propuesta por el gobierno español busca abordar la problemática de la ocupación ilegal de viviendas y para ello se recomienda acudir a detectives privados.