La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, supuso un importante avance en la protección de aquellos que se atreven a denunciar conductas ilegales o irregulares dentro de las empresas.
Esta normativa establece medidas para garantizar que los denunciantes estén protegidos contra posibles represalias o consecuencias negativas derivadas de su denuncia, como pueden ser despidos o discriminaciones laborales. Asimismo, se establecen mecanismos para fomentar la denuncia y el canalizar de forma adecuada las comunicaciones recibidas.
Además, la Ley 2/2023 contempla la creación de una figura especÃfica de "facilitador del cumplimiento normativo" que actúa como intermediario entre el denunciante y la
empresa, con el objetivo de garantizar la protección del denunciante y la correcta gestión de la información recibida.
En definitiva, esta ley supone un importante avance en la protección de los derechos de los denunciantes y en la lucha contra la corrupción y el fraude en el ámbito empresarial.