Cuando el poder mira lo privado: ¿investigación legítima o intrusión del Estado?

Por Lola Murias. Detective Privado y CEO de Descubro B2B

Hay una frontera que no debería cruzarse nunca. No por prudencia política, sino por pura higiene democrática. Es la línea que separa lo público de lo privado, la prevención legítima de la curiosidad institucional, la seguridad del voy a mirar, a ver qué encuentro.

En los últimos tiempos, con Telegram como excusa recurrente y la seguridad como comodín retórico, esa frontera empieza a difuminarse peligrosamente. No con autos judiciales. No con procedimientos claros. Sino con declaraciones, advertencias veladas y decisiones políticas que parecen olvidar algo esencial: el Estado no tiene patente para investigar cualquier cosa que le incomode.

Porque no todo es delito.

Y no todo delito es público.

Y no todo lo que ocurre en una aplicación de mensajería justifica una mirada institucional.

Ahí empieza el problema.

Cuando desde el poder se apunta a espacios de comunicación privada como si fueran, por definición, sospechosos, se incurre en una perversión jurídica muy concreta: tratar lo privado como si fuera público y lo preventivo como si fuera investigación penal. Y eso no es una cuestión tecnológica. Es una cuestión de legitimidad.

Investigar delitos privados —o conductas que ni siquiera han sido calificadas como delito— sin denuncia, sin indicios concretos y sin control judicial no es prevención. Es intromisión. Y hacerlo desde la estructura del Estado lo convierte en algo todavía más grave, porque se hace con recursos públicos, autoridad institucional y un desequilibrio absoluto de poder.

Lo curioso es que esto, fuera del ámbito político, lo tiene claro cualquiera que haya trabajado un solo día en investigación profesional.

Un detective privado sabe que no puede investigar sin causa. Que no puede seguir conversaciones privadas “por si acaso”. Que no puede abrir una investigación sin un interés legítimo perfectamente delimitado. Que si se equivoca, responde. Y que si se excede, se cae todo el trabajo… y algo más.

El poder, en cambio, parece tentado a jugar a investigador sin aceptar las reglas del oficio.

Y aquí aparece la ironía: quien menos margen tiene para investigar es quien mejor sabe cuándo debe hacerlo. El detective privado vive rodeado de límites, mientras el discurso político parece empeñado en convertir la excepción en costumbre.

Porque investigar delitos privados no es tarea del Estado salvo que se active el mecanismo legal correspondiente. No se investiga la vida privada por incomodidad. No se rastrean canales porque molesten. No se vigila conversación porque escape al control narrativo.

Eso no es Estado de Derecho.

Es Estado curioso.

Telegram es solo el escenario. Mañana será otra plataforma. Pasado, otro pretexto. Lo que permanece es la tentación permanente del poder de mirar donde no ha sido llamado, de intervenir donde no existe habilitación, de confundir autoridad con legitimidad.

Frente a eso, la investigación privada representa justo lo contrario de lo que se caricaturiza. No es el ojo que todo lo ve, sino el profesional que sabe cuándo no debe mirar. El que necesita un encargo válido, una finalidad concreta y un respaldo jurídico claro antes de dar un solo paso.

Tal vez por eso resulta incómoda. Porque deja en evidencia algo que no gusta reconocer:

que investigar sin legitimidad no es investigar, es abusar… venga de quien venga.

Y cuando el abuso se disfraza de decisión política, el problema ya no es Telegram.

El problema es quién cree que tiene derecho a fisgonear en la vida privada de los demás.