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Por qué la APDPE (Asociación Profesional de Detectives Privados) no tiene legitimidad para representar al conjunto de detectives privados en España


¿Puede un 3,14% hablar como si fuera el 100%?


En España existen aproximadamente 7.000 Títulos de Identidad Profesional (TIP) de detective privado expedidos por el Ministerio del Interior. De ellos, alrededor de 1.500 están actualmente habilitados para el ejercicio.

Según sus propios datos, la Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) tenía 220 asociados censados en mayo de 2025.


Esto significa que la APDPE representa:


  • El 3,14% del total de TIP expedidos.

  • El 14,66% de los detectives habilitados para ejercer.



Dicho de otro modo: más del 85% de los profesionales habilitados no forman parte de esta asociación. Y sin embargo, en su propia web la APDPE se autodefine como “la casa común del Detective Privado en España”, afirmando que “representa a los Detectives Privados españoles” y que es “el mayor interlocutor de la Investigación Privada Española con la Administración Pública”.



El problema jurídico de la representatividad autoproclamada


En Derecho, la representación legítima de un colectivo profesional no se adquiere por mera voluntad ni por tradición, sino por mandato legal o por delegación expresa de la mayoría de sus miembros.

En nuestro ordenamiento, ese papel recae en los Colegios Profesionales allí donde existen, que cuentan con:


  • Reconocimiento legal.

  • Cobertura de todos los profesionales de su ámbito territorial.

  • Sujeción a control público, transparencia y rendición de cuentas.


Una asociación privada como la APDPE carece de esa legitimidad institucional. Su representatividad, en sentido estricto, se limita a sus socios. No puede, jurídicamente, hablar en nombre del conjunto del colectivo ni arrogarse la condición de portavoz oficial del sector.



El riesgo de la sobrerrepresentación


Cuando una asociación que agrupa al 3,14% de los detectives españoles acude a ministerios, parlamentos o foros internacionales presentándose como “la voz” de todo el gremio, se produce una distorsión grave:


  • Se falsea la voluntad colectiva: las propuestas no han sido votadas ni consensuadas con la mayoría de profesionales.

  • Se pueden impulsar reformas legales que respondan a intereses de una minoría y no del conjunto.

  • Se erosiona la credibilidad del sector cuando se descubre la desproporción entre el discurso y la realidad.


No basta con afirmar que se trabaja de forma altruista o voluntaria; en democracia representativa, la legitimidad se mide en base a quién y cuántos te han otorgado su voto o adhesión.


La contradicción interna


En su web, la APDPE declara como valores la “transparencia” y la “honestidad”. Sin embargo, en la misma página se presenta como “la representante de los Detectives Privados de España” sin aclarar que el 85% de los habilitados no pertenece a la asociación.

Esa omisión no es un detalle menor: constituye el núcleo de la controversia sobre su legitimidad representativa.



Los datos que no pueden ignorarse


Salvo el dato exacto de los 220 asociados censados en mayo de 2025, el resto de cifras —tanto el total estimado de TIP expedidos como el número de detectives habilitados— son aproximaciones basadas en datos cercanos a los últimos publicados por la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP). En consecuencia, el porcentaje de representación calculado para la APDPE constituye un máximo teórico y, en función de la cifra real de habilitados, su cuota efectiva podría ser incluso inferior a la aquí indicada.
Salvo el dato exacto de los 220 asociados censados en mayo de 2025, el resto de cifras —tanto el total estimado de TIP expedidos como el número de detectives habilitados— son aproximaciones basadas en datos cercanos a los últimos publicados por la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP). En consecuencia, el porcentaje de representación calculado para la APDPE constituye un máximo teórico y, en función de la cifra real de habilitados, su cuota efectiva podría ser incluso inferior a la aquí indicada.

Respecto a los límites de la representación


La APDPE, como cualquier asociación, tiene derecho a defender los intereses de sus afiliados, a presentar propuestas y a buscar mejoras normativas.

Pero no tiene legitimidad legal ni moral para erigirse como portavoz de todo el colectivo de detectives privados en España. Ese papel corresponde, por ley, a los Colegios Profesionales y a mecanismos de consulta que incluyan a la totalidad de profesionales habilitados.


En un Estado de Derecho, la fuerza de una voz no se mide por su volumen, sino por la cantidad y calidad de quienes le dan respaldo. Y hoy, la APDPE habla en nombre de un 15% como si fuera el 100%.


Hablar en nombre de todos exige contar con todos. Y 220 no son todos.


Lola Murias

CEO de Descubro B2B


 
 
 

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